Coin Press - Bolivia al Filo del Estallido

Bolivia entra en una fase crítica: tensión política elevada, episodios de violencia, y la peor crisis económica en cuatro décadas. Tras la votación del 17 de agosto de 2025, los resultados preliminares apuntan a una segunda vuelta el 19 de octubre y a un derrumbe histórico del partido que gobernó durante dos décadas.

En la calle, continúan los bloqueos y las colas de horas para conseguir combustible; en la economía, la inflación se ha disparado, las reservas útiles están exhaustas y el dólar paralelo se negocia al doble del tipo oficial. El riesgo de un estallido de conflictividad generalizada es real si la crisis política y la escasez se prolongan.

Cómo se llegó a este punto
La grieta política, reabierta tras la intentona militar del 26 de junio de 2024, se agravó en 2025 por la ruptura dentro del movimiento gobernante y la exclusión de figuras clave de la contienda. A lo largo del año, bloqueos de rutas, choques con fuerzas del orden y ataques entre facciones dejaron muertos y heridos, normalizando un clima de confrontación que ahora amenaza con intensificarse en el tramo entre la primera vuelta y el balotaje.

Un modelo económico agotado
Durante años, el país vivió de la renta del gas. Pero la producción hidrocarburífera cayó de forma sostenida, erosionando exportaciones e ingresos fiscales. Con reservas internacionales utilizables cerca de cero, el Gobierno mantuvo un tipo de cambio fijo (6,96 BOB/US$) mientras surgía un mercado paralelo que llegó a rondar 14 BOB/US$. La brecha cambiaria encareció importaciones esenciales (diésel, gasolina, trigo, medicamentos) y, junto con subsidios a combustibles que superan varios puntos del PIB, alimentó inflación de dos dígitos, que en julio se movió en el entorno del 25% interanual. El resultado: desabastecimientos recurrentes, caída de la actividad y angustia social.

Escasez, colas y una logística al límite
Las ciudades más pobladas registran colas kilométricas en estaciones de servicio, racionamiento de diésel y retrasos de camiones cisterna. Importaciones puntuales de combustibles por puertos chilenos han aliviado solo de forma temporal. El transporte, la agricultura y la industria operan con intermitencias, encareciendo alimentos y servicios. La percepción de “economía en emergencia” se extiende también a los mercados de bienes básicos, donde panaderías y productores reportan alzas de costos e insumos irregulares.

Un país partido en dos
La tensión territorial entre el eje oriental (productivo y exportador) y el altiplano se ha reactualizado. En el oriente, gremios empresariales y cívicos presionan por cambios drásticos de política económica; en el occidente, sectores sociales temen que un giro brusco implique ajustes con costos sobre empleo y precios. En medio, sindicatos del transporte y organizaciones vecinales mantienen la protesta como herramienta de negociación, con cortes de rutas que paralizan la economía y multiplican la sensación de desgobierno.

Lo que viene: una segunda vuelta bajo presión
El recuento preliminar dibuja un balotaje entre dos proyectos que, aunque distintos, comparten un diagnóstico: el actual esquema es insostenible. Los equipos económicos ya hablan de un plan de estabilización con tres vértices:
- Orden fiscal (recorte gradual de subsidios y gasto corriente),
- Unificación cambiaria (cerrar la brecha con el paralelo),
- Reactivación exportadora (gas remanente, agroindustria,
- minería—incluido el litio—y turismo). El desafío político será cómo y a qué ritmo aplicar el ajuste sin encender un conflicto social de gran escala.

¿De verdad al borde de una guerra civil?
“Guerra civil” no es un diagnóstico técnico, pero hay factores de alto riesgo:
- Instituciones debilitadas y narrativas de fraude o ilegitimidad,
- Economía en contracción con inflación alta y escasez,
- Violencia política focalizada que puede escalar,

Polarización regional y milicias informales alrededor de líderes locales. Si la segunda vuelta es muy reñida, si se impugna el resultado o si la corrección económica genera shocks de precios sin amortiguadores sociales, el país podría transitar semanas de conflictividad extendida. El antídoto: transparencia electoral, acuerdos políticos mínimos y un programa económico gradual y creíble que proteja a los más vulnerables mientras restituye suministros básicos.

Señales a vigilar (próximas 6–8 semanas)
- Combustible: normalización o nuevas colas; calendario de importaciones y subsidios.
- Tipo de cambio: brecha con el paralelo (si cae, baja la presión inflacionaria).
- Reservas y financiamiento: acuerdos con multilaterales y mercado de bonos.
- Orden público: número y duración de bloqueos; focos de violencia.
- Litio y gas: contratos, inversiones y logística (ingresos frescos vs. expectativas).