Coin Press - El presidente español, "razonablemente optimista" sobre la aprobación de los decretos de vivienda

"Soy razonablemente optimista sobre la convalidación", indicó Sánchez durante una rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El líder socialista lamentó la "inhumanidad e insensibilidad" de los dirigentes del Partido Popular (PP, derecha), que ya anunciaron que votarán en contra, y que le acusan de no haber logrado frenar la explosión de los precios de la vivienda, desde su llegada al poder en 2018.

"No es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad", consideró Sánchez.

"Estamos hablando de personas que han sufrido desahucios, de personas que están en una situación de imposibilidad de poder acceder a una vivienda en alquiler o en compra", agregó.

Sobre el decreto-ley que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan -medida muy reclamada por los sindicatos y los manifestantes, pero a la que se opone la derecha-, Sánchez consideró que se trataba de "un debate" que habrá que mantener en el hemiciclo.

Este segundo texto se publicará el jueves en el Boletín Oficial del Estado, pero, según adelantó el periódico El País, establecerá que todo propietario que quiera terminar un contrato de alquiler deberá indemnizar al inquilino por un mínimo de 12 meses de renta si no justifica la rescisión por alguno de los motivos previstos por el decreto (principalmente, que el propietario o algún allegado necesite la vivienda).

El primer texto, ya publicado el miércoles, incluye la "prohibición" de que entidades o empresas que tengan por objeto adquirir bienes inmuebles realicen "compra especulativa" de vivienda.

El Ejecutivo puso en su punto de mira a los "fondos buitre", que el decreto define como las entidades que adquieren bienes inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios inferiores al 70% de su valor de mercado con el fin de maximizar su rentabilidad.

La otra medida estrella concierne a los desahucios "de personas vulnerables sin alternativa habitacional", que podrán ser suspendidos hasta finales de 2030, especialmente cuando sean ordenados por fondos de inversión.

El desalojo, la semana pasada, de una madrileña de 87 años después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275% provocó una ola de indignación en España. Numerosos manifestantes instalaron una acampada de protesta en el centro de Madrid, en un movimiento que se extendió también a otras ciudades.

Y.Tengku--CPN