Coin Press - Familia propietaria de farmacéutica Purdue acuerda pagar USD 6.000 millones por crisis de opioides

Dicho acuerdo, que todavía debe ser aprobado por el juez de quiebras, sigue ofreciendo cierta inmunidad a los miembros de la familia Sackler pero pone negro sobre blanco el monto que aceptan pagar.

Una versión precedente del plan, aprobado en septiembre, había recibido el apoyo de la mayoría de los acreedores de la empresa y de más de 40 estados del país. Pero nueve Estados habían decidido recurrir.

El acuerdo, alegaban, no permitía hacer oír a las víctimas ni, eventualmente, demandar a la familia Sackler en los tribunales civiles. Los miembros de la familia pueden seguir siendo objeto de demandas penales.

Para superar las reticencias de estos estados, la familia Sackler ha aceptado finalmente pagar al menos 5.500 millones de dólares e incluso hasta 6.000 millones en función de la venta de las actividades del laboratorio en el extranjero.

Hasta ahora, había propuesto pagar 4.300 millones de dólares además de los 225 millones ya pagados al Departamento de Justicia.

La conclusión del acuerdo debería permitir empezar a hacer los primeros desembolsos.

La agresiva publicidad del medicamento contra el dolor OxyContin de Purdue, pese a que la familia Sackler sabía de sus efectos adictivos, ha sido considerada por muchos como la causa de la crisis de los opioides.

El laboratorio Purdue se había declarado en quiebra en septiembre de 2019 y propuso un plan para saldar la avalancha de litigios que le acosaba y declararse culpable.

El plan de quiebra prevé que la empresa Purdue cierre sus puertas para 2024 en Estados Unidos en beneficio de una nueva entidad gestionada por un trust. Además de la venta de OxyContin con fines "legítimos", debe proporcionar, gratuitamente y a precio de costo, medicamentos contra las sobredosis y tratamientos contra la dependencia de los opioides.

Una juez estadounidense invalidó en diciembre este plan, al estimar que el juez de quiebras que había dado su acuerdo en septiembre no tenía la autoridad para impedir eventuales futuras demandas en el plan civil contra los miembros de la familia.

M.Davis--CPN